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 Jesús Abadía Ibáñez

Jesús Abadía Ibáñez

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, Diplomado en Ingeniería Ambiental por la EOI y MBA por el IE de Madrid. Ha sido Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Endesa y Presidente de Endesa Carbono. En la actualidad es consultor en sostenibilidad y cambio climático, socio fundador de ABC asesoramiento ambiental y miembro de la Junta Directiva del Club Español del Medio Ambiente.

El pasado mes de diciembre la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley que insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética que “permita a España alcanzar los compromisos en materia de cambio climático y de energía y a la vez promueva la competitividad del país”.

La iniciativa, por más que justificada, no es pionera: Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia o Dinamarca en el ámbito europeo llevan varios años desarrollando sus estrategias de clima y energía bajo el paraguas de leyes climáticas integradoras. También algunas comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza, han iniciado el debate parlamentario de sus propias leyes de cambio climático y transición energética.

Y de gran calado y apoyo ha sido la propuesta de la Comisión Europea incluida en el llamado paquete de invierno “Energía limpia para todos los europeos”, para que los gobiernos presenten su plan integrado de energía y clima, el primero en 2019 para el periodo 2021-2030, y la hoja de ruta con las estrategias nacionales de descarbonización con una perspectiva de 50 años.

Pero vayamos por partes: una Ley de cambio climático…
La producción legislativa en materia de cambio climático, empezando por Bruselas, pasando por Madrid para extenderse luego a los 17 parlamentos autonómicos y de ahí a cientos de ayuntamientos, ha sufrido precisamente de hiperactividad. Así, que ahora tenemos decenas de directivas y cientos de leyes, decretos y ordenanzas que regulan todos las dimensiones y matices del cambio climático, las emisiones y su medida, que hacer en los sectores del mercado de emisiones y en los difusos, las energías renovables, la eficiencia energética, la adaptación, etc.. El papel que la futura Ley debería jugar no es más regulación, sino armonizar y coordinar todo esta avalancha, evitar duplicidad y el solapamiento de normas.

…y de transición energética.
En lo que se refiere a la transición energética, aquí sí quedan muchas tareas pendientes que la futura Ley deberá abordar. En el corto/medio plazo, ya están fijados a nivel de europeo los objetivos de CO2, renovables y eficiencia energética de 2020 y 2030, así como el reparto del objetivo de CO2 entre países y sectores comercio de emisiones/difusos. No así con los objetivos 2030 de renovables ni de eficiencia, que no están, de momento, desagregados por estados. En cualquier caso, habrá que ver si en España damos por buenos estos objetivos europeos o si adoptamos otros más ambiciosos o basados en distintos criterios de reparto.

El escenario para el largo plazo es mucho más difuso: el objetivo del Acuerdo de Paris de no superar los 2ºC de incremento a final de siglo (y trabajar para 1,5ºC), que también ya es nuestro objetivo pues España acaba de ratificar el acuerdo, requiere alcanzar la neutralidad de emisiones en la segunda mitad del siglo XXI. Y en este punto, casi todo está por hacer. Como nuestra legislación no fija metas concretas más allá del año 2030, -sólo a nivel indicativo la hoja de ruta de la Comisión Europea “hacia una economía baja en carbono” sugiere reducir 60% en 2040 y 80% en 2050-, ni mucho menos en que momento las emisiones nacionales de CO2 tienen que alcanzar la neutralidad, el ejercicio político que toca hacer ahora, en el marco de la futura Ley es, precisamente, definir cómo queremos que sea nuestra senda energética e industrial no sólo hasta el 2030 sino al 2050 y en la segunda mitad de este siglo y, sobre todo, qué hacer para minimizar los riesgos de esa transición para la competitividad de la industria española y para no dejar pasar las oportunidades y también cómo afrontar los riesgos de la variación del clima futuro.

La Ley debe fijar los hitos para esa meta de sociedad descarbonizada y unos instrumentos regulatorios, fiscales, financieros y tecnológicos para alcanzarla, recogidos en planes de clima y energía revisables que permitan ajustar las medidas según los avances conseguidos. Las decisiones de inversión en la industria energética, la mayor responsable de las emisiones de CO2, son de largo plazo y es fundamental para los distintos actores contar con un horizonte regulatorio claro y también de largo plazo.

En resumen, la futura Ley deberá dar respuesta, al menos, a las siguientes preguntas:

¿Queremos un nivel de ambición superior al de la Unión Europea?
¿Cuáles deben ser nuestros objetivos para el 2050 y en adelante? y ¿en que momento deberíamos alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2?
¿Cómo financiar las medidas necesarias para la transición? ¿Hace falta una reforma profunda de la fiscalidad ambiental o es suficiente con las actuales políticas de poner precio al CO2?
¿Hay que fijar objetivos nacionales de emisión a los principales sectores: electricidad, industria, transporte y residencial?. Y si es así ¿cómo gestionar los sectores del comercio europeo de emisiones, sistema que sólo persigue un objetivo de CO2 de ámbito europeo que integra todos los sectores?
¿Cómo articular y coordinar las actuaciones con las comunidades autónomas y las ciudades?. ¿Habría que desagregar a nivel territorial los objetivos de España?.
¿Qué hacer para que el mundo empresarial aproveche las oportunidades que genere la transición hacia una sociedad baja en carbono?
¿Si se aspira a una economía descarbonizada, cómo proteger a los sectores y colectivos que resulten afectados negativamente por la transición energética?
¿Qué nivel de información para la toma de decisiones hará falta para minimizar el riesgo financiero en el proceso de transición energética?

Muchas preguntas que sólo un proceso de debate preparatorio y de amplia base social, podrá ir dando luz a quienes tengan que tomar las decisiones políticas en el diseño e implantación de la futura Ley de Cambo Climático y Transición Energética.

Tal vez porque las expectativas, empujadas por los medios,  se habían disparado o porque el miedo a otro fracaso hacía bueno casi cualquier acuerdo, ahora, tras la euforia de la firma, no resulta fácil evaluar los resultados alcanzados en la cumbre, como lo demuestra la variedad de opiniones autorizadas (también  interesadas), sin que falten voces que los cuestionan agriamente. Y es que la bondad final del acuerdo no está en el acuerdo en si mismo, sino es su aplicación futura, aspecto que solo en el medio y largo plazo podremos evaluar.

Porque hay que distinguir entre el indudable éxito de la diplomacia (a la que tenemos que agradecer el buen trabajo realizado) y el deseable y necesario éxito del funcionamiento del acuerdo en el cumplimiento de los objetivos marcados, tarea que ya no depende de la diplomacia de la UNFCCC sino de lo que a partir de ahora hagan los gobiernos firmantes y que solo se verá tras bastantes años de ejecución del mismo.

El éxito de la diplomacia es histórico pues, por fin, tenemos un acuerdo global, firmado por 195 países, el primero de estas características en el ámbito de la protección del clima que incluye objetivos cuantitativos.  El acuerdo pone la ambición al nivel más alto, mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 2ºC y apuntando a no superar 1,5ºC respecto a la época preindustrial. Es diferenciado, justo, revisable y contiene genéricamente todos los elementos debatidos en las anteriores COPs, como mitigación, adaptación, el papel del mecanismo REDD+, el enfoque de mercado, perdidas y daños, capacitación, transparencia y verificación, tecnología y financiación.

Aunque el coste de incluir a todas las partes en el ambicioso acuerdo ha sido enorme: se ha renunciado a que tenga carácter vinculante, los compromisos -que no obligaciones- de reducción de las emisiones que cada país de manera voluntaria se ha marcado llevarían a 2,7ºC, muy lejos del objetivo de 1,5ºC y hasta de 2ºC, las aportaciones financieras de, cómo poco, alcanzar la cifra de 100.000 M de $ anuales en el 2020 no están repartidas entre los países desarrollados, la aviación y el transporte marítimo han quedado fuera, no hay compromisos de financiar las pérdidas y daños de los países vulnerables, por citar solo las concesiones más importantes.

El acuerdo de Paris no es el protocolo de Kioto de 1997 que acabó comprometiendo jurídicamente a unos países desarrollados que solo sumaban el 12% de las emisiones globales, aunque eso si, con límites absolutos de emisión y mecanismos de cumplimiento. El acuerdo de Paris es tan global y genérico que se parece demasiado al acuerdo internacional de 1992 que dio lugar a la creación de la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aunque adaptado a los avances científicos y tecnológicos y a los logros de la Convención en las negociaciones habidas hasta la fecha.

Pero aunque el acuerdo es genérico, el reto futuro que supone para los gobiernos su ejecución es impresionante. El propio texto reconoce que las emisiones anuales agregadas compatibles con 2ºC  deberían ser de 40 Gt en 2030, mientras que las contribuciones nacionales  arrojan un total de  52 Gt. La diferencia es importante: 12 Gt/año o 23%  de reducción, lo que supone que para entrar en la senda adecuada las emisiones  tienen que bajar a razón de un 1,5% anual, adicional a los comprometido por los países.

Para saber la trayectoria de emisiones consistentes con 1,5 ºC , el acuerdo emplaza al IPCC a que elabore un informe en 2018, que tal vez hará buenos los actuales análisis del Climate Action Tracker, avalados por el Postdam Institute for Climate Reseach y otras tres organizaciones de investigación,  que indican que el tope en 2030 consistente con 1,5ºC estaría en torno a 31 Gt. La distancia entre este tope y las contribuciones es de unas 21Gt, equivalente a una reducción adicional del 40% y cerrar esta brecha equivale a reducir las emisiones un 2,7%  anual de aquí al 2030.

Solo una decidida acción concertada de la mayoría de países en la búsqueda y aplicación de todas soluciones tecnológicas posibles, renovables, eficiencia energética, CCS, reforestación, etc. permitirá entrar en la senda que marca el alto nivel de ambición del acuerdo y llegar a alcanzar en la segunda mitad la buscada neutralidad de emisiones.  

La pelota está en el tejado de los gobiernos, es pues hora de dejar los debates interesados y pasar a la acción.

Viernes, 04 Diciembre 2015 10:13

La COP de París: le mieux est l'ennemi du bien

En  estos días de la COP de París, se discute mucho sobre cómo  debería medirse el nivel de éxito o de fracaso de la cumbre, más allá de las valoraciones oficiales, donde el lenguaje diplomático habitual enmascara a menudo los logros reales.

Hoy ya se sabe, -son muchas las instituciones que lo han avalado-, que sumadas las contribuciones nacionales (INDC) que voluntariamente cada país ha presentado y que reflejan los esfuerzos de mitigación en el horizonte del 2030 de 184 países, no se está en la senda de no superar a final del siglo los 2ºC de incremento de temperatura respecto a los niveles preindustriales, establecido como el umbral máximo de tolerancia climática.

La visión optimista estima que con estas contribuciones la temperatura subiría 2,7ºC, lo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que el escenario business as usual previo al envío de las INDC llevaban a un incremento de 4-5ºC. Es una visión optimista ya que presupone que después del 2030 los países seguirán haciendo similares esfuerzos de reducción a lo largo del siglo.

Porque la visión pesimista dice que si a partir del 2030 se mantiene el nivel de emisiones globales que se deducen de los INDC y no se hacen esfuerzos adicionales de reducción, la temperatura podría subir 3,5ºC y tener consecuencias graves e irreversibles para el planeta.

Así, los compromisos del 2030 no deben entenderse como una meta finalista, sino al contrario, como la puerta de entrada al proceso de transformación a una economía descarbonizada, que requerirá de enormes esfuerzos científicos, tecnológicos y económicos.

Por eso, asegurar tanto el cumplimiento de las contribuciones nacionales voluntarias, como que el esfuerzo de reducción continúe más allá del 2030, deben ser los objetivos prioritarios de la COP.

Para muchos, la mejor forma de garantizar el cumplimiento de los objetivos del 2030 y la senda posterior de reducción es mediante un tratado climático internacional que sea jurídicamente vinculante. Sin duda sería un excelente resultado de esta COP, pero, ¿es posible en estos momentos?, y, sobre todo, ¿es capaz de garantizar en el medio y largo plazo el cumplimiento de lo acordado ahora?.

Los tratados internacionales requieren ratificación y en muchos casos aprobación por los parlamentos nacionales, cuestión arriesgada, entre otras, para la administración norteamericana con un Senado de mayoría republicana contrario, desde la aprobación de la Resolución Byrd-Hagel de 1997, a cualquier acuerdo climático vinculante. Lo ha advertido el Secretario de Estado John Kerry en los días previos a la COP: “El acuerdo climático de Paris no va a ser un tratado con objetivos de reducción legalmente vinculantes”. La historia del Protocolo de Kioto, que sufrió en el 2001, cuatro años después de firmarlo, la negativa de Estados Unidos a su ratificación, o la retirada de Canadá en 2012, demuestran el escaso valor que tuvo el carácter jurídicamente vinculante de los objetivos de reducción de ese tratado de 1997.

Por eso, si perseguir la excelencia en los resultados de la COP es a costa de perder socios en el curso de las negociaciones, de rebajar el nivel de ambición de los objetivos vinculantes o, peor aún, de arriesgarse a la no ratificación o a la futura retirada de algún país clave, entonces es preferible buscar un acuerdo razonable, global, revisable, duradero y sobre todo fiable en el medio y largo plazo.

Si entendemos la cumbre de Paris como el inicio de un proceso largo y no como un hito final y se consigue un acuerdo amplio entre todos los países, donde se comprometan a cumplir los objetivos que ellos mismos se han fijado, con fechas claras de revisión a la luz de los avances de la ciencia del clima, la tecnología y el desarrollo económico, se habrá conseguido un buen acuerdo.

Porque ya sabemos que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Jueves, 22 Octubre 2015 17:28

En la antesala de la COP21

Sigue el goteo de países -ya son 150 que representan el 87% de las emisiones planetarias-, que comunican a convención de la ONU para el cambio climático (UNFCCC) sus contribuciones nacionales a la reducción de emisión de CO2e y la manera  de alcanzarlas, de cara a la Cumbre del Clima COP21 que comienza el 30 de Noviembre en Paris. Y son muchas las voces que claman que los esfuerzos declarados son insuficientes para mantener la temperatura media del planeta por debajo de los 2ºC de sobrecalentamiento.

Sin ir más lejos, Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de UNFCCC,  ha declarado a la agencia EFE que “Aquí no hay ningún país que haya hecho su mayor esfuerzo, ninguno, ni en la región (latinoamericana) ni en el mundo. Si me preguntan quién tiene que hacer más esfuerzos, respondo: todos"

El Gratham Research Institute on Climate Change and the Environment, viene siguiendo y analizando las contribuciones nacionales comunicadas por los gobiernos y su último informe indica que las emisiones en 2030 estarían entre 57 y 58 Gt de carbono, muy lejos de las 42 Gt consistentes con la senda de los 2ºC, escenario muy similar al de su primer informe del mes de mayo.

Así que si no hay sorpresas de última hora, los futuros acuerdos de Paris habrá que interpretarlos como un primer paso, sin duda muy importante ya que supone que por primera vez todas las partes en mayor o menor medida asumen compromisos de reducción, pero un primer paso al que deberán de seguir compromisos más ambiciosos en los años siguientes, hasta colocarse en la senda de los 2ºC.

Y mientras tanto, se siguen publicando estudios reveladores, como el del Potsdam Institute for Climate Impact Research. En sus primeros trabajos, los investigadores de este centro, acuñaron el concepto de presupuesto de carbono y establecieron en 1.000 Gt la cantidad de CO2e que la especie humana puede emitir sin correr el riesgo de traspasar el umbral de seguridad de 2ºC de sobrecalentamiento global,  cantidad que equivale a 1/3 de las reservas probadas de combustibles fósiles y 1/10 de todos los recursos (incluidos los que hoy en día no son tecnológicamente o económicamente explotables). En un reciente informe “Combustion of available fossil fuel resources sufficient to eliminate the Antarctic Ice Sheet”, que tiene como horizonte temporal varios milenios, abordan el problema al revés: ¿Qué pasaría si se emitiese todo el CO2e que contienen los recursos energéticos, en torno a 10.000 Gt de carbono?. El resultado no puede ser más catastrófico: el incremento de temperatura se acercaría a 8ºC, el nivel del mar subiría a razón de 3 metros por siglo, hasta convertirse la Antártida en un continente libre de hielo, provocando al final una subida del nivel del mar de 58 m, que es el equivalente al agua que actualmente almacena.

Pero si esto puede parecer muy alejado en el tiempo, atención a los avisos  lanzados por Mark Carney, Gobernador del Bank of England y Presidente del Financial Stability Board del G20, en su discurso ante la aseguradora Lloyd’s en Londres el pasado 29 de septiembre. Asume claramente que el cambio climático es inequívoco, las evidencias y riesgos expuestos en los informes del IPCC, así como la noción de presupuesto de carbono y alerta de los costes hundidos a los que el sector energético se puede enfrentar si sólo una parte de las reservas pueden usarse en el futuro, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la economía global.

 “Los riesgos que actualmente plantea el cambio climático son insignificantes en comparación con lo que podría venir”, dice el gobernador y avisa que ya se anticipan impactos globales más amplios, sobre la propiedad, las migraciones, la estabilidad política,  así como sobre la seguridad de los alimentos y del agua. “Entonces, ¿porque no se está haciendo más para resolverlo?. No hace falta un ejercito de actuarios para decirnos que los efectos catastróficos del cambio climático se harán sentir más allá de los horizontes tradicionales de la mayoría de los actores, imponiendo un coste a las generaciones futuras, puesto que la generación actual no tiene un incentivo directo para asumir el coste”. El cambio climático es, en su opinión, la Tragedia del Horizonte, en alusión al problema clásico de economía ambiental de la Tragedia de los Comunes.

Expone que el cambio climático es una amenaza para el sistema financiero y para la prosperidad a largo plazo, por tres causas: (1) los riesgos físicos, por avenidas, tormentas, etc., que impactan sobre las propiedades y el valor de los activos, (2) los riesgos por responsabilidad civil, debido a las reclamaciones que podrían  presentar las partes que han sufrido daños y pérdidas por los efectos del cambio climático contra aquellas empresas o instituciones que consideren responsables y (3) los riesgos de transición, por el impacto financiero de los procesos de ajuste hacia una economía baja en carbono. Cambios en las políticas públicas, la tecnología, las preferencias de los inversores o los riesgos físicos, que podrían acelerar la reevaluación de un amplio rango de activos, dando como resultado activos hundidos por un lado y la aparición de oportunidades por otro, sobre todo en los procesos asociados a la descarbonización de la economía.

Sin duda la categoría de Mark Carney hará que sus alertas sean tenidas en cuenta en los ámbitos empresariales, financieros y políticos, actuando con más rapidez en las políticas de mitigación para limitar los daños potenciales y también con más transparencia y calidad en la información de las empresas relativa al cambio climático, no solo en las emisiones actuales sino también en su planes para la transición a un mundo con cero emisiones de carbono. Sólo una suave transición gestionada con la mejor información puede evitar la Tragedia del Horizonte, según sus palabras.

Volkswagen se convirtió en septiembre de 2013 en líder mundial en sostenibilidad del sector Automóviles y Componentes, según la revisión que cada año hace RobecoSAM, una consultora especializada en inversión sostenible,  del Dow Jones Sustainability World Index,  que agrupa al 10% de las empresas más sostenibles de las más de 2.500 compañías cotizadas del mundo. 
 
Su presidente , -ahora dimitido- Martin Winterkorn,  comentaba con ese motivo: “Esta distinción supone un hito real en nuestro camino hacia conseguir el liderazgo en movilidad verde. Dedicaremos todas nuestras energías para que VW sea el fabricante de automóviles más sostenible”. 
 
En las revisiones de 2014 y 2015, VW siguió liderando el sector de automoción como empresa más sostenible, distinguiéndose  por sus estrategias de cambio climático, ecoeficiencia operativa (emisiones por unidad de producto), gestión de la marca e innovación.
 
También en el prestigioso ranking de Carbon Disclosure Project,  que mide el comportamiento de las empresas en cambio climático, el fabricante alemán alcanzó la más alta distinción, debido sobre todo a la elevada transparencia en la información ambiental que publicaba.
 
Que ha fallado para pasar de la cima de la reputación en sostenibilidad a lo más hondo del pozo?
 
Lo primero que hay que decir es que la notificación de violación de la Clean Air Act que envío el pasado 18 de septiembre la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos a Volkswagen America, por haber montado un dispositivo que activa el sistema de reducción catalítica de NOx cuando se inspecciona el vehículo y lo desenchufa cuando sale a la carretera, no obedece a un defecto en el diseño, tampoco a un fallo en el funcionamiento del vehículo, ni a un accidente, evitable o no. Por el contrario, se trata de una acción deliberada puesta en marcha por la compañía en 2008 para hacer competitivo un motor que realmente no lo era, si se instalaban los sistemas de reducción de NOx requeridos por la legislación.
 
Un dispositivo instalado en 11 millones de vehículos que han emitido a la atmósfera cientos de miles de toneladas de NOx por encima de las previstas según las especificaciones de los vehículos. 
 
Este caso no es comparable a otros, como el defecto encontrado en los sistemas de ignición de los motores de General Motors que afectó a 3 millones de vehículos y tuvo consecuencias fatales, o el accidente de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de BP que causó un vertido de 5 millones de barriles de crudo en el Golfo de Mexico, casos en los que no hubo una decisión o una acción premeditada para sortear la ley o provocar un daño, sino que en términos generales se debió a fallos en el diseño o en el mantenimiento y que tuvieron consecuencias catastróficas. 
 
Pero, al margen de las responsabilidades a las que se enfrente VW, las preguntas que a muchos profesionales de la sostenibilidad empresarial les surgen son: ¿cómo ha sido posible que a RobecoSAM se le haya pasado por alto el fraude medioambiental continuado de una empresa líder de su índice?, ¿acaso el resto del sector no conocía estas prácticas con las ingentes cantidades dedicadas a I+D en movilidad?, ¿es que los analistas no chequean la información que les suministran las empresas ni hacen un benchmarking sectorial?, ¿cómo comprueba Carbon Disclosure Project el nivel de transparencia de las empresas que evalúa?
 
Este escándalo de VW ha causado también daños colaterales. Entre otros, la pérdida de confianza en los analistas que elaboran ratios e índices  de sostenibilidad, a pesar del anuncio de RobecoSAM de que va a eliminar de inmediato a VW de todos sus índices. Ya es tarde.
 
La lección que deberían aprender estas agencias de rating es que no sólo las empresas sometidas a su escrutinio tienen que cambiar su manera de hacer las cosas, también los métodos de análisis y comprobación de la información que ellos utilizan deben de fortalecerse, ser más fiables, transparentes y auditables, si quieren que los índices de sostenibilidad mantengan su valor como referente para los inversores y  para la sociedad en general.
En la pasada Conferencia del Clima en Diciembre de 2014 en Lima, los gobiernos se comprometieron a presentar a UNFCCC, antes de la COP de Paris, las contribuciones nacionales (INDC), es decir sus objetivos unilaterales de reducción de emisiones de CO2 a partir del año 2020. La Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, México, Noruega, Gabón, Suiza, Liechtenstein y Andorra ya han comunicado su senda de reducción de emisiones de CO2, las medidas para conseguirlo, la manera de contabilizar las reducciones, los años de referencia y otros detalles, que permiten, a pesar de no disponer de un formato único de comunicación de sus contribuciones, poder comparar con otros países y regiones y, sobre todo, estimar la contribución global y trazar la proyección de emisiones planetarias después del 2020. Porque, de lo que al final se trata, es de ver si la suma de todas contribuciones es suficiente para caminar por la senda de emisiones globales que permita no superar ese objetivo climático de incremento medio de 2ºC sobre la temperatura de la era preindustrial. Como ya se comentaba en anteriores blogs, el tope de emisiones futuras posibles –carbon budget-, a partir del 2010 es de 1.000 Gt de CO2 acumuladas, si se quiere evitar superar ese límite. Esa senda de emisiones compatible con un incremento inferior a 2ºC la viene definiendo desde hace unos años el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) en sus informes anuales The emissions Gap Report. Y en su edición de 2014 establece que en el 2030 las emisiones globales no deberían superar los 42 Gt/año de CO2 si se quiere tener una cierta probabilidad de respetar los citados 2ºC. El problema es que las emisiones actuales están en 49 Gt/año (en 2010, último dato fiable), lo que supone conseguir en el 2030 un recorte del 14%. Aunque los países citados que ya han presentado oficialmente sus contribuciones nacionales apenas suman el 33% de las globales y que 7 de los 10 países más emisores, aún no han desvelado sus planes, ya es posible hacerse una idea de la foto final, habida cuenta de que China –que encabeza el ranking de emisiones con una cuota del 24%-, ya desveló que su pico de emisiones tendrá lugar en 2030 y que países como India o Japón ya han dado alguna pista sobre sus planes futuros. Y el resultado de esa proyección es bastante decepcionante, como resalta el informe recién publicado del economista Nicholas Stern, presidente del Gratham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics. Según sus proyecciones, basadas en las INDC comunicadas oficialmente y en informaciones aportadas por los gobiernos y otras instituciones como UNEP o la Agencia Internacional de la Energía, las contribuciones nacionales que lleguen a la COP de París pueden colocar las emisiones globales de CO2 en el año 2030 en torno a 58 Gt/año, cifra muy alejada de las 42 Gt/año que UNEP estima como un hito en la senda adecuada para no superar los 2ºC. Si a estas altura del 2015 hay fundada certeza sobre la insuficiencia de las medidas de reducción que voluntariamente los países se está comprometiendo a adoptar, lo responsable sería comenzar ya una segunda ronda de propuestas de INDC con mayor nivel de ambición, empezando por los países desarrollados, sin esperar a la evaluación de la situación global previa a la COP de Paris. Retrasar la formulación de objetivos ambientales más ambiciosos solo generará mayor frustración de la sociedad y una considerable pérdida de tiempo y de oportunidad para los representantes de los países de UNFCCC que se junten en la cumbre de Paris en Diciembre de 2015.
Martes, 10 Febrero 2015 10:25

Presupuesto de carbono e inequidad (II)

Chistophe McGlade, joven físico, recién doctorado en Recursos Energéticos por el University College of London e investigador en esta universidad en modelización de hidrocarburos en el sistema energético global del futuro, ha calentado hasta echar humo las redes sociales dedicadas a la energía y cambio climáticos y despertado enorme interés en la prensa y en muchos organismos e instituciones.

Y es que la prestigiosa revista científica Nature publicaba el 7 de Enero bajo el título The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C, los resultados de un estudio sobre las reservas  mundiales de combustibles fósiles y su relación con el cambio climático realizado por Christophe McGlade  y  su colega en esa Universidad, Paul Elkins, concluyendo que el 82%, 49% y 33% de las reservas mundiales de carbón, gas y petróleo respectivamente no podrán utilizarse si se quiere respetar el objetivo de 2ºC.  

Sus resultados se basan en el análisis de las reservas y recursos mundiales de 21 categorías de combustibles fósiles que incluyen varios tipos de carbón, petróleo y gas, tanto convencionales como no convencionales, su detallada ubicación regional, los costes de extracción, transporte, transformación, etc., de cada combustible hasta llegar a su uso final, la evolución y coste de tecnologías como la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS por sus siglas en ingles), las posibilidades de desplazamiento de un combustible por otro, etc.

El estudio da prioridad a la explotación de las reservas de menor coste en toda su cadena de valor,  siguiendo en el orden de mérito las reservas y recursos con costes superiores, y así hasta que las emisiones acumuladas alcanzan el presupuesto disponible de 1.000 GtCO2, lo que da como resultado una distribución asimétrica, tanto geográficamente como por tipos de combustibles, de la cantidades consumidas y por lo tanto de las cantidades y porcentajes de  reservas que deberían dejarse sin extraer.  

Por ejemplo, de las reservas de petróleo de Canadá (que incluyen sus enormes yacimientos de arenas bituminosas) se estima que el 74% no podrían extraerse, lo mismo que el 38% de las de Oriente Medio, en fuerte contraste con Estados Unidos, que podría explotar hasta el 94% de sus reservas de petróleo convencional. De igual manera, el 61% del gas de Oriente Medio y el 50% de Rusia -los países con mayores reservas-, no podrían quemarse, mientras que en Europa y Estados Unidos, solo se dejaría sin explotar un 11% y un 4% respectivamente de sus reservas de gas, ya que el estudio prevé que en estas regiones el gas desplace al carbón para la producción de electricidad e incluso ganando terreno el gas no convencional, entre el que se encuentra el shale gas, debido a sus menores emisiones de CO2 por kWh. Nada del gas no convencional de Oriente Medio y África podría quemarse, lo mismo que el 90% del de China e India que incluye grandes cantidades de metano de capas de carbón (CBM), y de nuevo el contraste de Estados Unidos que podría quemar hasta el 50% del gas no convencional, gracias al actual auge de su industria del shale gas con las técnicas de fracturación hidráulica. Con respecto al carbón, el combustible que sale peor parado, más del 95% de las reservas de Estados Unidos, Rusia  y Australia y el 77% de las de China deberían dejarse sin explotar.  

Las cifras anteriores resultan de un escenario en el que la tecnología de CCS estar& r iacute;a disponible a gran escala solo a partir del 2025, aunque debido a su elevado coste y a la tardanza en su despliegue comercial, su impacto sobre la reducción de la fracción no explotable de las reserva antes del 2050, es pequeño.

El informe aflora muchos aspectos para el debate, con importantes implicaciones geopolíticas y económicas, ya que supone dejar sin explotar 2/3 de las reservas probadas de combustibles y casi el 90% de unos recursos energéticos que hoy no son técnica o económicamente viables pero que podrían serlo en el futuro, renunciar a la totalidad del petróleo no convencional y la mayor parte del gas no convencional, cifras que contrastan con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que estima que en 2040  el 75% de la energía mundial será de origen fósil.  

Sin duda, la ventana temporal hasta el 2050 que plantea el IPCC parece muy estrecha para conseguir una transformación tan radical del sistema energético mundial, con alternativas viables de emisión cero que permitan sustituir tanto el carbón y gas destinado a la generación de electricidad, industria y calefacción, como el petróleo utilizado masivamente y casi exclusivamente para la propulsión.

Estudios como el de Mc Glade deberían servir de orientación en la negociación de los futuros acuerdos del clima como el de Paris en 2015, en el debate de las contribuciones nacionales a la mitigación o las aportaciones financieras al Fondo Verde para el Clima. Porque la pregunta que subyace es, ¿como compensar a aquellos que, por haber llegado más tarde al desarrollo económico y tecnológico, tienen que renunciar a beneficiarse de unos recursos energéticos, de los que sí se han aprovechado otras partes?. Esta nueva inequidad habrá que integrarla en el famoso principio aceptado en política climática, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según la contribución de cada país a las emisiones globales acumuladas… y los recursos energéticos no utilizados por razones climáticas.

Otra conclusión relevante  que se deduce del informe es la urgencia de disponer de la tecnología de CCS apoyando su desarrollo y despliegue con tanto impuso político como el dedicado a las energías renovables, ya que constituye el elemento de transición fundamental para alcanzar al final del siglo XXI la neutralidad de emisiones que propugna el IPCC.

Martes, 27 Enero 2015 08:05

Presupuesto de carbono e inequidad (I)

El concepto de presupuesto de carbono o carbón budget, saltó fuera de los ámbitos de la ciencia del clima cuando, a finales de septiembre de 2013, vio la luz el informe del Grupo de Trabajo nº1 dedicado a los aspectos científicos del clima, el primero de los tres informes que conforman el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambo Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Los científicos y los delegados de los gobiernos reunidos en Estocolmo aprobaron a altas horas de la madrugada del 26 de septiembre y tras una noche de discusión un párrafo clave sobre un asunto que no se había mencionado en los informes anteriores del IPCC,  largamente estudiado por los investigadores del alemán Potsdam Institute for Climate Impact Reseach, indiscutible e irrenunciable para los científicos del IPCC: el presupuesto de carbono.

Esta novedosa aportación viene a decir que las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas a lo largo de la historia son el principal agente responsable del calentamiento a largo plazo. Y que ambas magnitudes –incremento de temperatura y emisiones acumuladas-, están relacionadas de forma lineal. Y en consecuencia, limitar a 2ºC el calentamiento global en el siglo XXI respecto a la época preindustrial, que es el objetivo adoptado a nivel político en las pasadas cumbres del clima, requiere que las emisiones acumuladas en 2050 no superen un cierto techo, acuñado como presupuesto de carbono. Dos tercios de este presupuesto ya se habían emitido en 2011, por lo que el hueco restante representa toda la capacidad de emitir en el futuro que tiene la especie humana. Según ese informe del IPCC, el presupuesto disponible ahora es de 1.000 Gt de CO2 y esta cifra representa el tope de emisión global del periodo 2011-2050, si se quiere tener una cierta probabilidad de no superar el objetivo de 2ºC. El problema es que al ritmo de emisiones actuales este presupuesto se habrá consumido en el 2040, dentro de 25 años.

Reto Kanutti, profesor del Institute for Atmospheric and Climate Science de Zurich, autor-coordinador del informe del IPCC decía a la salida de esa reunión de Estocolmo: “Había una fuerte oposición -obviamente política-, por parte de muchos gobiernos a que se incluyese. He estado cinco horas sentado defendiendo ese párrafo”.  Arabia Saudí, Brasil y China fueron los países que más se oponían. Al final se alcanzó un consenso, se mantuvieron las cifras aunque el texto se reescribió. Para muchos, la relación lineal entre emisiones acumuladas y calentamiento, y poner números al concepto de presupuesto de carbono son las mayores aportaciones de ese Grupo de Trabajo del 5º informe del IPCC.

La relevancia de esta cifra es tal, que el Presidente del IPCC, Rajendra K. Pachauri, en la sesión de apertura de Alto Nivel de la COP20 de Lima, terminaba su presentación del Informe de Síntesis con estas palabras: “el 65% de nuestro presupuesto de carbono, compatible con el objetivo de 2ºC,  ya se ha consumido”. Sin olvidar que la cifra de presupuesto de carbono disponible, los citados 1.000 Gt de CO2,  ha sido recogida por primera vez –y además en su resumen ejecutivo-, en el informe 2014 World Energy Outlook, que anualmente publica la Agencia Internacional de la Energía, como un tope de emisiones futuras que el mundo no podrá superar del 2014 en adelante.

Y es que desde las primeras publicaciones científicas de estos trabajos en 2009 y con mayor intensidad desde que el IPCC recogió el concepto en su informe, han sido muchos los r grupos de expertos, analistas financieros, bancos y ONGs que han empezado a estudiar el impacto que este límite de emisión puede tener sobre el sistema energético mundial, el valor de las compañías energéticas que poseen los derechos de explotación de estos recursos o la manera en que debería repartirse la cuota de emisiones en el futuro, aspectos de gran relevancia en las  negociaciones internacionales del clima, como la que se celebrará en Paris a finales de 2015.

Viernes, 19 Diciembre 2014 11:04

Los negociadores de la COP20 en Lima

Los negociadores de la COP20 en Lima  necesitaron un día más para alcanzar un acuerdo de mínimos, como sucede cumbre tras cumbre. Nada nuevo. Los resultados solo cubren una pequeña parte de las expectativas, dejando cada vez más  decisiones y tareas pendientes para la cumbre siguiente, o la siguiente. En esta ocasión, la tarea clave asignada de elaborar el texto y la forma jurídica del acuerdo no se ha cumplido y se ha dejado para la COP21

Sólo que en esta ocasión, además de que, como dice el 5 informe del IPCC, la ventana de oportunidades para acometer a tiempo reducciones significativas se está cerrando,  dentro de un año los negociadores se deberán sentar en Paris y, entonces sí, firmar un acuerdo vinculante de reducción. Un paso en falso en la COP 21, demostraría al mundo la incapacidad de sus líderes y de las instituciones internacionales para tomar medidas ante uno de los mayores desafíos actuales.

La buena noticia de la cumbre de Lima es que, por primera vez, todos los países se han comprometido a presentar antes de fin del mes de marzo próximo  sus planes de reducción, es decir, cuanto van a reducir sus emisiones a partir del 2020 y como prevén conseguirlo. Éste el gran avance de la cumbre, aunque para ello ya no se hable de reducciones vinculantes, sino de Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés), es decir, que cada país de manera voluntaria comunicará su objetivo de reducción a la Secretaría de UNFCCC;  ni tampoco tienen la obligación de presentarlas en un formato determinado para computar las reducciones o el periodo que abarca el plan, y así facilitar que las contribuciones puedan compararse. Y, además, nada sucede si un país decide no presentar el plan, o si el nivel de ambición es llamativamente reducido, aparte de la vergüenza  de ser señalado con el dedo en la escena internacional.

Es de esperar que el nivel de ambición  de los  planes de reducción sea, al menos, equivalente a lo anunciado por los principales gobiernos en los últimos meses: 40% en 2030 respecto a 1990 en la UE, 26-28% en 2025 en USA con respecto a 2005, empezar a bajar las emisiones a partir del 2030 en China, intención de la India de firmar en enero próximo con USA un acuerdo similar al de China, aunque menos ambicioso. Con estas intenciones de los cuatro primeros  emisores más o menos desveladas, y las promesas que vengan de Rusia, Japón, Australia, Canadá y el resto de países en desarrollo, (¿imitaran éstos en su ambición a China o India?), UNFCCC hará la proyección de emisiones para 2030 o 2040 para comprobar si se está en la senda de las reducciones que recomienda el IPCC  y otras instituciones. El resultado ya casi se puede anticipar, lo adelanta en  cierto modo UNEP en su 2014 Emissions Report Gap: aún en el mejor escenario de compromisos voluntarios declarados, se está muy lejos de la senda de emisiones necesaria para evitar superar el umbral de calentamiento de 2ºC acordado políticamente. Para ello, las emisiones globales en 2020 deberían reducirse un 20% sobre el nivel actual, mientras que la tendencia es de claro crecimiento y, probablemente, seguirá así hasta el 2030 o 2040.

Por eso cobran relevancia otros avances conseguidos en Lima, como el empuje a las iniciativas de adaptación al cambio climático. Los países se han comprometidos a elaborar y presentar Planes Nacionales de Adaptación, fortalecer el intercambio de experiencias y financiar actividades a través del Fondo Verde para el Clima. Se pretende dar a la adaptación la misma importancia que a las políticas de mitigación, o más, vista la evolución actual del clima, donde el año 2014 lleva camino de ser el mas caluroso de la historia y las débiles expectativas de conseguir reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años.

Blogueros

  • Eva Martínez Rull es periodista freelance de medio ambiente.  Como profesional, colabora desde hace años…
  • Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, Diplomado en Ingeniería Ambiental por la…
  • Ingeniero Industrial en la UPC, PDD en el IESE, postgrado de Marketing Digital en INESDI…
  • Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés en Argentina. Trabajó como…
  • Ingeniero Aeronáutico (BS in Aerospace Engineering) por Parks College of Saint Louis University, Master in…
  • Analista del mercado eléctrico
  • Licenciado en Fisicas,  Director de la Fundacion Universidad Empresa de Salamanca, Director de INTICALSA (empresa mixta de…
  • Fundador y editor en Mueblesdelucena.com desde 1.999 Lucena es la primera productora nacional de mueble…

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